Los Hijos Ausentes

Embajadora Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores. Foto: SRE.

México.

Luego de que por segunda ocasión, en menos de dos semanas, fue asesinado un mexicano por oficiales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones  Exteriores (SER) de México condenó “enérgicamente” la muerte del menor ocurrida la noche de este 7 de junio, en las inmediaciones del Puente Internacional Paso del Norte, en Ciudad Juárez.

Conforme a los registros de la SRE, los casos de mexicanos muertos o heridos por el uso de la fuerza de las autoridades migratorias se han incrementado, al pasar de cinco en 2008, a 12 en 2009, y a 17 en lo que va del presente año.

La versión del asesinato cometido este lunes es que un oficial de la Patrulla Fronteriza disparó contra un grupo de migrantes que, “aparentemente”, le arrojaban piedras, indica la cancillería mexicana en un comunicado.

 Sin embargo, la versión dada a medios informativos locales por Guadalupe Huereca, madre del joven Sergio Adrián Hernández, es que éste no pretendía cruzar la frontera.

El pasado 28 de Mayo fue asesinado a golpes por agentes de la patrulla fronteriza el inmigrante mexicano Anastasio Hernández, de 32 años,  en la frontera de San Ysidro, California.

La Cancillería solicitará al Gobierno de Estados Unidos una investigación expedita y transparente de los hechos y, en su caso, el castigo de los culpables del crimen, indicó la dependencia en un comunicado oficial.

Asimismo, reiteró que el uso de armas de fuego para repeler ataques con piedras representa un uso desproporcionado de la fuerza, particularmente proviniendo de autoridades que reciben un entrenamiento especializado en la materia.

“México y Estados Unidos han trabajado en el establecimiento de protocolos y mecanismos de diálogo que permitan coordinar la acción de las instancias de seguridad en ambos lados de la frontera, compartir información en tiempo real, reducir la violencia e incrementar la seguridad de las comunidades transfronterizas”.

En el contexto de esta cooperación, añadió, México planteará a Estados Unidos la necesidad de revisar los procedimientos seguidos por las autoridades responsables de ambos países para enfrentar la violencia fronteriza, incluyendo el uso de la fuerza letal.

La creciente frecuencia de este tipo de hechos “refleja un preocupante incremento en el uso excesivo de la fuerza por parte de algunas autoridades en la zona fronteriza”.

México reconoce los riesgos existentes en la región pero, de acuerdo con los estándares internacionales, el recurso de la fuerza letal debe ser empleado solamente cuando existe peligro inmediato para la vida de las personas y no como medida disuasiva, explicó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, el combate a las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera y de velar por los derechos fundamentales y la seguridad de todos los mexicanos.

Una cruz más para otro migrante asesinado. Foto: Sergio René de Dios C.

México.

Amnistía Internacional pidió hoy revisar la política de la patrulla fronteriza estadounidense sobre el uso de armas de choques eléctricos, tras la muerte del ciudadano mexicano Anastasio Hernández a principios de esta semana.

De acuerdo con fuentes policiales, Anastasio Hernández fue detenido el 28 de mayo tras ingresar ilegalmente a los Estados Unidos por la frontera con México. Se reporta que había sido deportado dos meses antes. La policía Fronteriza y Aduanal lo golpeó con un bastón y utilizó un Taser cuando se volvió "combativo" mientras trataban de deportarlo hacia México en el punto fronterizo de San Ysidro, California.

Se reporta que dejó de respirar poco después de haber recibido los choques eléctricos y 21 horas después se le declaró muerte cerebral en un hospital; el lunes fue desconectado de la máquina que lo mantenía vivo.

El médico de San Diego anunció el miércoles que Anastasio Hernández murió de un ataque cardiaco, con síntomas de abuso de metanfetaminas y alta presión arterial; se le declaró muerte por homicidio. No se reportó la cantidad de metanfetaminas en su sistema.

Aunque Amnistía Internacional no tiene todos los detalles del incidente, que continúa bajo investigación por parte de las autoridades estadounidenses, la organización señaló que le alarman las acusaciones en las que se inculpa a la policía por recurrir a niveles innecesarios de violencia.

Añadió que le preocupa la seguridad de las armas de electrochoque, tales como las Tasers, y las considera potencialmente letales, además de que permiten fácilmente la comisión de abusos.

La organización llamó a que estas armas estén estrictamente reguladas y se utilicen únicamente en situaciones donde sean necesarias para proteger la vida y evitar el uso de armas de fuego.

Desde 2001, más de 400 personas han muerto en Estados Unidos después de que la policía las atacara con Tasers. Aunque los forenses han atribuido las muertes a otras causas, las Tasers son consideradas como causal o factor agravante en más de 50 casos. En muchos de ellos, como en el de Anastasio Hernández, el fallecido dejó de respirar al poco de tiempo de recibir las descargas. Hay otros casos en los que la causa de muerte no queda clara, informó la organización defensora de los derechos humanos.

Aunque algunos estudios han encontrado que el riesgo de lesiones por Tasers y armas similares suelen ser menores en adultos sanos, existe la preocupación de que algunos individuos sean especialmente vulnerables a reacciones adversas por los choques, por ejemplo, personas que sufren de problemas cardiacos previos y que son de tamaño pequeño. Algunos médicos temen que los choques eléctricos puedan contribuir a problemas cardiacos o respiratorios en personas que ya hayan tenido encuentros con la policía, que sufran de estrés o abusen de las drogas, explicó.

Amnistía Internacional llamó a una investigación completa e imparcial sobre este caso, publicando los resultados, incluyendo la autopsia, tan pronto como sea posible. La organización también hizo un llamado a la agencia estadounidense de Aduanas y Protección Fronteriza a suspender el uso de las Tasers o limitarlo a las situaciones en que los oficiales se enfrenten a una amenaza inmediata de muerte o heridas graves que no pueda ser contenida por otros medios.