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El agua, sometida a explotación irracional en el mundo.

Guadalajara, Jalisco, México

En el mundo, más de 80 millones de personas, son víctimas de la mala planeación y de los intereses de empresas transnacionales, pues son desplazadas de sus hogares y para construir presas en ese territorio; proyectos que, además de inundar bosques y selvas, tienen impacto ambiental en todo el globo, puntualizó el representante de la Asociación Otros Mundos Chiapas, Gustavo Castro Soto, durante los festejos del 45 aniversario del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).

En los últimos años se han construido 50 mil presas hidroeléctricas en todo el mundo, informó el investigador, y explicó que en un principio, estos cambios afectan la calidad de vida de las personas que viven alrededor de estas represas, y después, el problema se extiende a nivel mundial ya que estos complejos generan gases que aceleran el efecto invernadero.

Haciendo a un lado estas repercusiones, las empresas privadas y el gobierno  mexicano continúan utilizando el mismo modelo de desarrollo global, dijo Castro Soto, y abundó: “Entonces, en ese sentido, hay un movimiento en contra de la construcción de presas que se va a volver a reactivar con mucha fuerza porque la Comisión Federal de Electricidad ya ha anunciado nuevamente la construcción de 5 presas en el río Usumacinta”, el más grande del país, que abarca regiones tanto de Guatemala como de México y es hogar de varios pueblos indígenas, los cuales, según los ambientalistas, pueden desaparecer.

El también miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio,  responsabiliza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como el factor desencadenante de la “explotación irracional de los recursos naturales” y explicó: “El 52 por ciento del territorio nacional eran ejidos de tierras comunales y en ese 52 por ciento es donde está el agua, donde está la madera, la tierra,  el oro, la plata, (…) entonces la inversión extranjera  no podía llegar si la tierra no se empezaba a privatizar”.

En el ámbito minero, Castro Soto recalcó que 10 por ciento del territorio nacional está concesionado a esta actividad. “En el caso de Chiapas, del año 2000 al 2009 más de un millón 200 mil  hectáreas se han concesionado a la explotación minera; gran parte de ellas, a las empresas transnacionales canadienses, para sacar el oro a cielo abierto. Lo que eso está implicando es deforestación, contaminación, toneladas y toneladas de cianuro, las colonias se están quedando sin agua, derrumbes, deslaves por toda la eliminación de la capa boscosa y demás”.

En respuesta a esto, las comunidades en la zona sur de Chiapas se han levantado en contra de las mineras canadienses, y están difundiendo su mensaje sobre la defensa de la tierra, “para que la población tome conciencia en los impactos de la minería”, comentó el investigador.

Además, las comunidades proponen “proyectos que protejan al medio ambiente, buscando alternativas, una escuela popular que llamamos agua y energía, donde tenemos que buscar alternativas de desarrollo local en términos de energía de agua y de buscar otras formas de explotar y de convivir con la naturaleza”.

En su participación en los debates de “La educación y la comunicación popular frente a los nuevos paradigmas de América Latina”, organizados por el IMDEC, Gustavo Castro recalcó la importancia de conocer los efectos ambientales de los proyectos gubernamentales e involucrarse en ellos.

“Los afectados somos todos y todas, a ti te va afectar que construyan una presa, cuando se bloqueen los ríos, cuando se modifique el clima, cuando se acaben los bosques con una minera, les va afectar aquí en Guadalajara y en cualquier otro lado”, advirtió.

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