México

El secretario de Gobernación, Fermando Gómez, y el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Foto: Segob.

Coahuila, México.

Garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de todos los familiares de los mineros de Pasta de Conchos y sus defensores, y se ponga fin a todo tipo de hostigamiento en contra de ellos y se eviten enfrentamientos con funcionarios públicos, solicita el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y pide garantizar el derecho al rescate de los cuerpos de los 63 mineros fallecidos que aún permanecen en la mina.

 La madrugada de este siete de junio un convoy de cuando menos de veinte patrullas de la Policía Estatal de Coahuila escoltó automóviles de lujo para que representantes y trabajadores de Grupo México tomara posesión de la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, a las familias que se presentaron a los minutos del ingreso de la Policía Estatal no se les permitió acercarse ni se les ha dado alguna información, de acuerdo con la Organización Familia Pasta de Conchos A.C.

 El Centro Pro pide evitar a toda cosa el sellado de la mina, así como cualquier otro acto de alteración de la evidencia presente en el interior de la misma, a fin de que se dejen intactas las condiciones del socavón mientras se llevan a cabo los procesos a nivel interno así como internacionales, como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 En carta dirigida a diversos funcionarios federales, entre ellos el presidente Felipe Calderón, el secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, y el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, señala que lo ocurrido es de especial importancia debido a la situación en la que actualmente se encuentra el caso Pasta de Conchos: después de 4 años de lucha  de los familiares de los 65 mineros fallecidos sin que hubieran resultados por parte del Gobierno federal, el 19 de febrero de 2010 se presentó la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, a fin de que se pronuncie sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos por el Gobierno o con la aquiescencia de éste, frente a la tragedia de Pasta de Conchos.

 Según la Organización Familia Pasta de Conchos, al parecer la empresa Industrial Minera México, S.A. (IMMSA), perteneciente al Grupo México, ha introducido varilla y cemento, presumiblemente con el fin de sellar la mina, tal como se había intentado hace un año y medio aproximadamente originando la reacción de las familias que impidieron dicha acción, añade.

 El hecho de que se pretenda sellar la mina daría pie a posibles situaciones difíciles de revertir. Por una parte, la demanda de los familiares ha sido y seguirá siendo el rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos el 19 de febrero de 2006 en la mina. Este rescate no ha sido cumplimentado pese al aval que muestran diversos peritajes sobre las posibilidades favorables para rescatarlos, indica el Centro Pro.

 Por otra parte, al sellar la mina, se estaría dejando un amplio margen para la alteración de las condiciones en las que laboraban los mineros, mismas que al día de hoy son prueba irrefutable del malas condiciones laborales de las que la empresa IMMSA es totalmente responsable y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no haya logrado frenar con anticipación a la dolorosa tragedia de 2006, agrega.

 “Cabe recordar que actualmente existe una suspensión definitiva para toda obra de exploración y explotación de carbón ordenada por la Secretaría de Economía. Además, con esta incursión y el posible sello de la mina, se mermarían los avances en los procesos a nivel interno e internacional sobre el caso de Pasta de Conchos”.

 Aunado a lo anterior, prosigue, no es óbice señalar que dicha ocupación de la Policía Estatal del estado de Coahuila sucede a la par con la que la Policía Federal realizó en la mina de Cananea, en Sonora, en donde también se desalojó con lujo de violencia, según fuentes cercanas, a los trabajadores que se encontraban en resguardo de la mina, en el contexto de la Huelga que se mantenía desde el año 2007.

Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión Social, en conferencia de prensa. Foto: STPS.

México.

A principios de la década de los ochenta con las políticas neoliberales se han venido agudizando las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos entre otras causas por una escasa y deficiente organización gremial, derivada de un precario y débil sindicalismo clasista democrático e independiente. Pero es a partir de los años noventa que el capital local y foráneo decidió emprender una serie de reformas “estructurales” neoliberales, incluida la reforma laboral que comprende una modificación radical patronal a la Ley Federal del Trabajo, la cual contempla nuevas formas de regulación jurídica y cambios a las formas de contratación del trabajador, a las jornadas de trabajo, etcétera, para debilitar a los sindicatos y expoliar más a los trabajadores. Esta reforma laboral se viene aplicando gradual o directamente en los hechos prácticos y está en la agenda inmediata del gobierno calderonista. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prepara ya el terreno para la reforma laboral con la revisión de 153 iniciativas de reforma a esa legislación, iniciada desde el 2002.

La Iniciativa Lozano –llamada así por el nombre del titular de la STyPS, Javier Lozano Alarcón–, es el proyecto jurídico del gobierno panista de Felipe Calderón para modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT). Aunque el análisis de la iniciativa arrancó el  pasado13 de abril, será hasta el nuevo periodo de sesiones de la LXI Legislatura, a partir de septiembre, que se pondrá en marcha el debate de tal propuesta. El sólo hecho que este secretario sea quien proponga una reforma a la LFT es para advertirnos claramente de su profunda naturaleza antiobrera y antisindical; es decir, estamos hablando de uno de los principales represores de los trabajadores mexicanos y de los sindicatos democráticos e independientes del país, y de aquellos organismos gremiales actualmente en conflicto con la parte patronal, como son, entre otros, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y la Sección 65 del Sindicato Minero, de Cananea, Sonora, actualmente en huelga contra la empresa Industrial Minera México, la más grande compañía minera del país, cuyo propietario es Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del mundo y también uno de los principales responsables de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, el 19 de febrero de 2006.

 Además, Lozano Alarcón, definido como el camorrero de su jefe, el que hace el trabajo sucio, forma parte del grupo muy nutrido de altos funcionarios del gobierno federal envuelto en una profunda corrupción y en grandes escándalos, como es el caso del chino Zhenli Ye Gon y los misteriosos 205 millones de dólares escondidos en una mansión de Las Lomas de Chapultepec. Alarcón lo chantajeó para obtener fondos destinados a la campaña presidencial de Felipe Calderón. Lozano Alarcón, quien había sido subsecretario de Comunicación de Gobernación en el gobierno zedillista, ahora pretende ser uno de los políticos más serviles a los grandes empresarios para perfilarse como candidato panista presidencial al 2012.

 Pero mientras que por un lado el gobierno espurio de Felipe Calderón trata de cumplir muy bien su papel de guardián feroz de los grandes capitales locales y extranjeros reprimiendo a los trabajadores, por otro, establece alianzas muy claras con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), representado por Elba Esther Gordillo; el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), representado por Carlos Romero Dechamps; y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), encabezado por Víctor Fuentes del Villar; tres de los más conspicuos dirigentes del charrismo sindical; por eso, es absolutamente demagógico y cínico lo dicho por Lozano Alarcón de que su iniciativa de reforma “acabará con muchos años de privilegios que gozaron las dirigencias sindicales”.

 La LFT vigente data del 1 de mayo de 1970 y requirió diez años de elaboración. Promovida en 1960 por el presidente Adolfo López Mateos, quien reprimió el movimiento obrero democrático e independiente –especialmente las luchas de los trabajadores ferrocarrileros–, fue aprobada al final del periodo de Gustavo Díaz Ordaz, quien ordenó, a su vez, la matanza de cientos de estudiantes y pueblo en general en Tlatelolco, en octubre de 1968. Esta ley correspondió a todo un periodo histórico de la llamada política desarrollista (1940–1970) dentro del cual el capital tuvo una expansión significativa; pero eran ya los estertores de una economía proteccionista que casi una década después daría paso al neoliberalismo a partir de 1982 con el régimen de Miguel De la Madrid Hurtado. Sin embargo, fue durante el régimen oprobioso de Carlos Salinas de Gortari cuando en realidad se implantó drásticamente la política neoliberal, por lo que la LFT se constituía en un verdadero estorbo jurídico para una mayor sobreexplotación de la fuerza de trabajo. No obstante, en los hechos prácticos gran parte de la LFT, las medidas protectoras para el trabajador, queda anulada por la subordinación y complicidad de las autoridades de la STyPS y las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales y federales con los intereses de la burguesía local y extranjera. Con la Iniciativa Lozano, se trata de adecuar el marco normativo laboral a una acumulación de capital más intensiva en la explotación de la mano de obra; en otras palabras, se trata de legalizar lo que en los hechos está sucediendo en los procesos productivos para que no haya ninguna o casi ninguna restricción jurídica para el capital en materia laboral: el paraíso laboral para el capital. Hablar del capitalismo salvaje es, precisamente, imponer casi en todos los órdenes sociales la ley del capital; no sujeto a ninguna ley más a la suya propia. En definitiva, se trata pues, de que la mano de obra sea lo más barata posible en el mercado laboral, tanto para el capital local como para las inversiones capitalistas externas. En gran medida, con la reforma laboral panista se pretenden atraer las inversiones de capital foráneo ofreciendo una mano de obra cuyo costo salarial sea lo más bajo posible.

 “Desde el periodo presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988) y durante las administraciones siguientes –dice un artículo de La Jornada–, hasta la actual, el gran empresariado ha conseguido imponer reformas estructurales como apertura del mercado interno, «adelgazamiento» del Estado, liquidación de las estrategias de bienestar social y de subsidios a la economía popular, privatización masiva de bienes públicos, debilitamiento del ejido (mediante la modificación del artículo 27 constitucional), transferencia de los fondos de jubilación de los trabajadores a las corporaciones financieras privadas, políticas de contención salarial y de hostigamiento oficial a los sindicatos independientes, desregulación indiscriminada y aplicación de criterios fiscales que exoneran de la mayor parte de sus obligaciones a los grandes capitales y se encarnizan con los causantes cautivos.

 “El resultado de ésas y otras reformas estructurales, que son el tren de aterrizaje del modelo económico neoliberal, ha sido catastrófico y trágico: el sector informal de la economía ha crecido junto con el desempleo (tanto el abierto como el disimulado por las cifras oficiales), la pobreza, la miseria y la marginación; se ha vuelto intolerable la desigualdad social causada por la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos; el país ha perdido soberanía en todos los ámbitos; buena parte del agro –al menos, la que no ha sido reestructurada en grandes industrias orientadas primordialmente a la exportación– ha sido arrasada; la migración se ha multiplicado, igual que la desintegración social y familiar. Tales condiciones han producido, a su vez, una descomposición institucional inocultable y una pérdida del control efectivo del territorio por los organismos del Estado, y se ha creado, así, el margen de acción para una violenta criminalidad que hoy en día escapa a cualquier intención de control o contención por parte de las autoridades.” [1]

 En efecto, con la irrupción del neoliberalismo en el país la pobreza social se ha venido incrementando aceleradamente; una pobreza que viene acompañada con un creciente desempleo, la precarización del mundo del trabajo con la perdida de los derechos laborales relativos a la seguridad social (11 millones de empleados no cuentan con seguridad social), las prestaciones sociales, mayor empleo “informal”. Pero es el vertiginoso aumento de la subcontratación de la mano de obra (outsourcing; sous-entrepise: marchandage) lo que caracteriza la modalidad del empleo “formal”, todo ello bajo el marco de la llamada flexibilización laboral, lo que significa explotación intensiva e indefensión jurídica del trabajador. El outsourcing se practica especialmente en las maquiladoras, una producción de ensamblaje casi exclusivamente para el mercado externo. Las maquiladoras se han convertido en los hechos en “sweat shops”, talleres del sudor. Desde la llegada al poder presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), en el 2000 con Vicente Fox, se dio un importante crecimiento de los contratos de protección en las maquiladoras. Por ejemplo, en Tijuana, al menos desde 1989,  se calcula que más de 700 de las 890 maquiladoras de esa ciudad fronteriza tienen sindicatos fantasmas. Sindicatos “blancos” o “fantasmas”, el hecho es que los trabajadores están casi totalmente desprotegidos. En México, se estima que poco más del 90 por ciento de los contratos colectivos son contratos de protección para la patronal en manos de sindicatos “fantasmas”. Además, sólo uno de cada cien asalariados está incorporado a alguna organización sindical, lo cual refleja la desprotección en que trabajan miles de mexicanos. En el sector “informal” se encuentra 61 por ciento de la población económicamente activa (PEA). Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 13 millones de afiliados que tiene registrados, 21 millones deberían estarlo (datos de 2007).

 La propuesta patronal

 El proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la LFT, que presentó el diputado panista José Gerardo De los Cobos Silva, el 18 de marzo pasado, consiste básicamente en:

Incluir nuevas modalidades de contratación individual.

Limitar la generación de salarios vencidos (caídos).

Eximir al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador con una antigüedad menor a tres años al momento del despido.

Suprimir el escalafón ciego, a efecto de privilegiar la productividad.

Incorporar la multihabilidad obligatoria, como mecanismo para incrementar la productividad y los ingresos de los trabajadores.

Declarar la inexistencia de la huelga si el sindicato no cumple con los requisitos para el emplazamiento previstos en sus propios estatutos.

Negar el trámite a emplazamientos a huelga por incumplimiento al contrato colectivo o contrato ley, cuando no se precisen las violaciones y su forma de reparación.

Regular la subcontratación, tercerización u outsourcing.

 Se propone, pues, la contratación a prueba de uno a seis meses, improrrogables, sin necesidad de ser contratados ocho horas diarias y seis días a la semana, así como el pago por hora.

 Por supuesto, la propuesta panista pretende disfrazar los intereses del empresariado mexicano, especialmente los de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana (COPARMEX). En la administración foxista el promotor fue Carlos María Abascal Carranza, entonces titular de la STyPS y ahora por Javier Lozano Alarcón. [2] En realidad, la Iniciativa Lozano pretende trastocar y nulificar derechos inalienables de los trabajadores mexicanos tales como: la estabilidad en el empleo, la contratación colectiva, el tiempo del empleo contractual como fuente de derechos, la jornada de 8 horas, el derecho a la sindicalización y a la autonomía e independencia sindicales, el derecho de huelga y el derecho a un salario suficiente entre muchos otros.

 Los diputados panistas arguyen que “la economía mexicana demanda acciones urgentes para alcanzar mayor productividad y competitividad. El índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que incluye a 133 países, muestra que México ocupa la posición 115 en eficiencia y participación de la mujer en el mercado laboral. Según el índice Doing Business del Banco Mundial, de 181 naciones, nuestro país se ubica en el lugar 103 en el índice de dificultad de contratación; en el 116 en el costo por despido y en el lugar 98 en el índice de flexibilidad en los horarios laborales. Los indicadores de competitividad muestran que México tiene la necesidad de realizar cambios estructurales, como lo es la adecuación de la legislación laboral, ya que los costos de no impulsar una reforma efectiva se traducirán en mayores repercusiones económicas para ésta y las próximas generaciones.”

 Se dice pues que “con la reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT), México podría avanzar de 20 a 25 posiciones en el indicador de eficiencia laboral, uno de los 12 pilares de competitividad que evalúa el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). En el último año nuestro país cayó cinco lugares en ese rubro y obtuvo su peor calificación, al ubicarse en el sitio 115 de 133 naciones, por debajo de Bangladesh, Mali, Nepal, Filipinas y Sri Lanka, señala la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Con las modificaciones a la LFT, México podría colocarse en niveles similares a la India, Brasil y Rumania en eficiencia laboral, y avanzar tres posiciones en el Índice Global de Competitividad del WEF, donde actualmente se ubica en el escalón 60.”[3] Con todo ello, lo que también está detrás de esta reforma es que los trabajadores sean quienes carguen el pesado fardo de la crisis económica. Según los legisladores panistas, y quienes apoyan esta iniciativa, esta reforma sería la panacea para resolver los graves problemas económicos y sociales del país; por un lado, la competitividad y, por otro, el desempleo. Desde la visión empresarial, la competitividad esta asociada con el aumento de la productividad, y esta última con un mayor rendimiento del trabajador, pero con salarios miserables y desprotegidos socialmente. “Acción Nacional pretende esconder que en el fondo «su propuesta» intenta ofrecer la fuerza de trabajo mexicana en charola de plata a los inversionistas nacionales y extranjeros. Esto es, la profundización de la explotación intensiva y extensiva de nuestra fuerza de trabajo, y con ello, la maximización de la extracción de la plusvalía generada por los trabajadores, es decir, multiplicar las tasas de ganancia y una mayor acumulación de capital, para una oligarquía insaciable y rapaz.”[4]

 Bajo las actuales circunstancias, el capital está imponiendo condiciones draconianas para el grueso del pueblo trabajador y quiere ir por todo; es decir, desmantelar toda medida reguladora y proteccionista de la fuerza de trabajo, que significa grandes conquistas de clase del proletariado mexicano, emanadas del proceso revolucionario del siglo pasado. Para los trabajadores debe estar claro que esta iniciativa de reforma laboral atenta radicalmente contra sus intereses de clase y que nunca será la solución a la profunda crisis económica y social del país; por el contrario, lo hundiría más en ella. Se requiere iniciar un proceso urgente de (re)organización de los propios trabajadores y sus sindicatos. Es imprescindible constituir un frente único de resistencia proletaria, una de cuyas tareas debe ser, como bien lo propone el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME): “El rechazo total y absoluto a ese proyecto patronal-panista de reforma a la LFT, para lo cual, llamamos a todos los trabajadores y las direcciones sindicales; a organizarnos desde la base de nuestros sindicatos; a organizarlos ahí donde no los haya; a establecer coordinaciones locales, estatales y a nivel nacional; a preparar un gran encuentro nacional de todos los referentes gremiales y sindicales, y sobre todo, a movilizarnos intensiva y masivamente para detener este gravísimo atentado contra la clase trabajadora en su conjunto. Exigir la inmediata renuncia de Javier Lozano Alarcón de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, por ser un factor de confrontación social en virtud de ser un funcionario absolutamente parcial a los intereses de la clase dominante y de perjuicio a la clase trabajadora. Establecer una alianza de largo aliento entre los trabajadores sindicalizados y los trabajadores sin salario patronal, los cuales desde ahora, anuncian que se suman a la lucha en defensa de la LFT, con sus propias demandas justas y legítimas. De manera inmediata, llamamos a todos los trabajadores a organizar el próximo primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, como una gran jornada nacional de protesta y rechazo a la reforma patronal-panista y por la exigencia del cumplimiento irrestricto de lo establecido en el Artículo 123 Constitucional y en la LFT.”