Estados Unidos

Muro fronterizo México-EU en Tijuana. Foto: Sergio René de Dios C.

México.

Aumentaron los informes sobre graves violaciones de derechos humanos en México a manos de miembros del ejército que realizaban actividades policiales, y la policía federal y las policías estatales y municipales siguieron cometiendo también graves violaciones de derechos humanos en varios estados, indica Amnistía Internacional en su Informe 2010 “El estado de los derechos humanos en el mundo”.

Al referirse a México, señala que las mujeres sufrían elevados niveles de violencia de género sin disponer apenas de acceso a la justicia y que bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes irregulares y asesinaron a algunos de ellos.

En el resumen de la situación mexicana durante el periodo que va de enero a diciembre del año pasado, denuncia que “se registraron frecuentes violaciones de mujeres migrantes” y que varios periodistas y defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidios, actos de acoso y cargos penales falsos.

 “Las comunidades marginadas en cuyas tierras se deseaba llevar a cabo proyectos de desarrollo económico corrían el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o ver negado su derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada”, prosigue la organización no gubernamental

 En dos decisiones históricas, recuerda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra México en sendos casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos, un desaparecido por militares en Guerrero en 1974, y tres jóvenes mujeres asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez.

 El informe tiene 465 páginas, de las cuales dedica cinco a México. En total son 156 naciones a las que Amnistía Internacional pasa revista sobre la situación de los derechos humanos el año pasado.

 México

 A continuación, trascribimos textual lo que señala de México la organización:

 Tras las elecciones legislativas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se convirtió en la fuerza política más numerosa de la Cámara de Diputados. En noviembre, el Senado eligió un nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). México aceptó aplicar 83 de las 91 recomendaciones formuladas por el Consejo de

Derechos Humanos de la ONU.

Alrededor de 50.000 efectivos de las fuerzas armadas ejercían actividades policiales con el fin de mejorar la seguridad pública y luchar contra la delincuencia organizada y los carteles de la droga.

Según noticias aparecidas en los medios de comunicación, más de 6.500 personas murieron en actos de violencia relacionados con la delincuencia organizada. Las fuerzas de seguridad también fueron con frecuencia blanco de ataques.

El Congreso estadounidense autorizó el desembolso de 486 millones de dólares más como parte de la Iniciativa de Mérida, acuerdo sobre cooperación y seguridad regional de tres anos de duración. La transferencia del 15 por ciento de los fondos previstos en la Iniciativa estaba condicionada al cumplimiento de determinadas condiciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, se siguieron facilitando fondos a México a pesar de incumplir dichas condiciones.

 Policía y fuerzas de seguridad. Sistema de justicia militar y abusos del ejército

 Aumentaron los informes sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros del ejército, como ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros malos tratos.

Durante el año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló 30 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre casos confirmados de abusos, frente a las 14 formuladas en 2008. Algunas víctimas y familiares de víctimas que intentaron presentar denuncias fueron objeto de amenazas. El sistema de justicia militar siguió investigando y juzgando las violaciones de derechos humanos relacionadas con miembros del ejército. Las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de estos.

En agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los familiares de cuatro civiles desarmados a los que el ejército había matado a tiros en Santiago de los Caballeros (estado de Sinaloa) en marzo de 2008 no tenían derecho a impugnar que el sistema de justicia militar se encargara de la causa.

En marzo, miembros del ejército fueron responsables de la desaparición forzada de Miguel

Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martinez y Aaron Rojas de la Fuente en Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas). En abril se encontraron sus cadáveres calcinados. A los familiares no se les permitió ver los cadáveres ni el informe de la autopsia. En mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que se había detenido a 12 militares, pero no se facilitó información oficial sobre los cargos ni sobre el juicio.

En marzo, tras detenerlos, el ejército sometió a torturas a 25 agentes de la policía municipal mientras permanecían en situación de detención preventiva sin cargos (arraigo) en una base militar de Tijuana (estado de Baja California). Después de ser acusados formalmente de delitos vinculados con la delincuencia organizada, los agentes fueron trasladados a una prisión civil de Tepic, en el estado de Nayarit. Al finalizar el año no se tenía noticia de que se hubiera abierto ninguna investigación sobre las denuncias de tortura.

 Fuerzas de policía

 En enero entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ella se preveía un aumento de la profesionalización y coordinación de la policía y una cierta mejora de la protección de los derechos humanos. La Ley de la Policía Federal, promulgada en junio, establecía un único cuerpo federal de policía dotado de nuevas atribuciones para atender denuncias y llevar a cabo investigaciones, incluidas labores de vigilancia electrónica y operaciones encubiertas, sin los adecuados controles judiciales.

Se recibieron varios informes sobre violaciones de derechos humanos a manos de la policía federal y las policías estatales y municipales, como desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos y detenciones arbitrarias. El gobierno no hizo realidad sus promesas de investigar todas las denuncias de tortura.

En febrero, Gustavo Castaneda Puentes fue víctima de desaparición forzada a manos de policías en Monterrey (estado de Nuevo León). A pesar de que testigos del hecho identificaron a los presuntos responsables, la investigación no condujo a la detención de estos.

En marzo, la policía federal detuvo de manera ilegal a Jesús Arturo Torres en su domicilio de Chihuahua (estado de Chihuahua). Los agentes lo golpearon y lo amenazaron de muerte durante las tres horas que duró el interrogatorio. Jesús Arturo Torres quedó en libertad sin cargos. Presentó una denuncia, pero al concluir el año no se sabía si la investigación había avanzado o no.

 Derechos de las personas migrantes

 Se detuvo y deportó a más de 60.000 migrantes irregulares, en su gran mayoría ciudadanos

centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos. Las personas migrantes, en especial las mujeres, los niños y las niñas, corrían peligro de ser víctimas de abusos, como palizas, amenazas, secuestros, violaciones y asesinatos, principalmente a manos de bandas de delincuentes, pero también de algunos funcionarios públicos. Las medidas para prevenir y castigar los abusos eran inadecuadas y los migrantes no tenían prácticamente acceso a la

justicia. El gobierno promovió el establecimiento de directrices regionales sobre el cuidado de los migrantes menores de edad y facilitó información a algunos funcionarios sobre el modo de mejorar la protección de estos menores bajo custodia.

En julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un informe en el que se ponía de relieve el elevadísimo número de secuestros por dinero y otros abusos sufridos por migrantes a manos de bandas de delincuentes. Se estimaba que hasta 10.000 migrantes podían haber sido secuestrados durante los seis meses anteriores y que en muchos casos las mujeres habían sido objeto de agresiones sexuales. Las iniciativas oficiales para poner fin a estos abusos eran totalmente inadecuadas.

En enero, cerca de San Cristóbal (estado de Chiapas), la policía del estado mató a tiros a tres migrantes irregulares e hirió a varios más cuando perseguía el vehículo en el que viajaban. Al finalizar el año aun no había terminado el enjuiciamiento de varios agentes de policía.

 Defensores y defensoras de los derechos humanos

 En un informe publicado en octubre por la oficina en Mexico del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se documentaban amenazas y agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos a manos de particulares y agentes del Estado. Se subrayaba también la ausencia de acciones efectivas para investigar e impedir los ataques. Los defensores de los derechos humanos, sobre todo los que promovían el respeto por los derechos económicos, sociales y culturales, eran objeto de cargos penales falsos y procedimientos judiciales injustos.

En febrero, unos hombres armados sin identificar que afirmaron ser policías secuestraron, torturaron y asesinaron a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de los derechos de los indígenas, en Ayutla (estado de Guerrero). Los dos hombres habían recibido amenazas por sus actividades. Al terminar el año, Raúl Hernández, preso de conciencia y activista de otra organización local de defensa de los derechos de los indígenas, seguía en prisión acusado falsamente de asesinato. En marzo, otros cuatro hombres imputados en la misma causa, los presos de conciencia Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, quedaron en libertad después de que un tribunal federal dictaminara que no existían pruebas suficientes en su contra. Se amenazo de muerte a defensores de los derechos humanos que luchaban por que se hiciera justicia en ambos casos.

En agosto, un hombre sin identificar disparó repetidas veces y estuvo a punto de matar a Salomón Monarrez, del Frente Cívico Sinaloense, organización de derechos humanos radicada en Culiacán (estado de Sinaloa). Al final del año no había concluido todavía la investigación del caso.

 Libertad de expresión: ataques contra periodistas

 Los periodistas, sobre todo los que trabajaban en temas relacionados con la seguridad pública y la corrupción, siguieron sufriendo amenazas, agresiones y secuestros. Se recibieron informes según los cuales al menos 12 periodistas fueron asesinados durante

2009. El hecho de que las investigaciones sobre los homicidios, los secuestros y las amenazas rara vez desembocaran en el procesamiento de los responsables agravaba el clima de impunidad.

 Pueblos indígenas y comunidades marginadas

 Los pueblos indígenas y los miembros de otras comunidades marginadas solían ser objeto de procedimientos judiciales injustos. En varios casos, a causa del interés por explotar los recursos naturales de las tierras en las que vivían, se ignoró o amenazó su derecho a la tierra o a sus hogares.

En septiembre quedó en libertad la presa de conciencia Jacinta Francisco Marcial, de Santiago Mexquititlán (estado de Querétaro), gracias a un nuevo juicio en el que el Ministerio Público Federal retiró el cargo que había presentado contra ella. Se le había perseguido porque era una mujer indígena que vivía en la pobreza, y había pasado tres años en la cárcel por un delito que no había cometido. Al acabar el año, otras dos mujeres indígenas acusadas de los mismos cargos seguían encarceladas en espera de una nueva sentencia.

Guardias de seguridad privados amenazaron e intimidaron en repetidas ocasiones a miembros de la comunidad de Lomas del Poleo, situada a las afueras de Ciudad Juárez (estado de Chihuahua), en el marco de una campaña emprendida seis años atrás para expulsar a las familias de sus hogares con el fin de iniciar un proyecto de desarrollo comercial. Al finalizar el año no se había pronunciado todavía el tribunal agrario encargado de ver la reclamación presentada por las familias para reivindicar su derecho a la tierra. A pesar de las reiteradas quejas, las autoridades no impidieron ni investigaron las amenazas.

 Violencia contra mujeres y niñas

 La violencia contra las mujeres en la comunidad y el hogar seguía siendo un fenómeno generalizado en la mayoría de los estados. En los estados de Chihuahua y México se denunció el asesinato de decenas de mujeres tras ser secuestradas y violadas. Todos los estados adoptaron medidas jurídicas para mejorar la prevención y el castigo de los actos de violencia de género, pero la aplicación de las nuevas leyes siguió siendo muy limitada. La impunidad de los asesinatos y otros delitos perpetrados contra mujeres continuaba siendo la norma.

Siguieron los asesinatos y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad Juárez. En 2009, según los informes, al menos 35 mujeres desaparecieron, y al final del año seguía sin tenerse noticia de su paradero. El gobierno del estado publicó un informe sobre los avances conseguidos en la prevención y el castigo de los asesinatos de mujeres, pero no facilitó una relación completa de todos los casos denunciados. Respecto al caso del Campo Algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó en noviembre que el

 Estado mexicano había incurrido en discriminación y que no había protegido a tres mujeres asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez ni había garantizado una investigación efectiva sobre su secuestro y asesinato.

La Corte ordenó una nueva investigación, reparaciones para los familiares de las víctimas, investigaciones sobre los funcionarios relacionados con el caso y mejores medidas para impedir e investigar los secuestros y asesinatos de mujeres y niñas.

 Derechos sexuales y reproductivos

 En una aparente reacción contra la despenalización del aborto promulgada en 2007 en el Distrito Federal, las asambleas legislativas de 17 de los 31 estados mexicanos aprobaron modificar sus constituciones estatales con el fin de garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Al finalizar el año estaba todavía pendiente de resolución un recurso contra la modificación de la Constitución del estado de Baja California presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El gobierno hizo pública por fin una norma oficial actualizada para los profesionales de la salud encargados de asistir a mujeres víctimas de actos de violencia. Según la norma, las supervivientes de violación tenían derecho a recibir información sobre el aborto legal, y a acceder a él. Los gobiernos de algunos estados señalaron a los medios de comunicación que no aplicarían la directiva.

 Impunidad

 Continuaba muy arraigada la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Las medidas adoptadas para procesar a los responsables fueron escasas o nulas.

Las investigaciones de centenares de casos de graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante la “guerra sucia” de las décadas de 1960, 1970 y 1980 continuaron paralizadas, y siguieron sin aparecer algunos documentos de investigaciones anteriores.

En febrero, en una investigación especial de la Suprema Corte de Justicia, se llegó a la conclusión de que en mayo de 2006 la policía había cometido graves violaciones de derechos humanos en San Salvador Atenco, incluidas agresiones sexuales contra personas

detenidas. Sin embargo, en el informe de la investigación se señalaba que solo se podían pedir cuentas a los agentes implicados directamente en los abusos, pero no a los altos cargos que habían ordenado la operación y no habían impedido ni investigado los abusos. En septiembre, en una investigación penal especial llevada a cabo por un organismo federal sobre las torturas –incluidas agresiones sexuales– perpetradas contra 26 mujeres detenidas en Salvador Atenco, se llego a la conclusión de que los responsables habían sido 34 agentes de la policía estatal, pero no se formularon cargos y la causa se devolvió a la Procuraduría General del estado de México, que anteriormente no había procedido contra los responsables. No se tuvo noticia de que hubiera nuevas acciones judiciales.

En marzo, un tribunal federal confirmó el archivo de la causa por genocidio seguida contra el ex presidente Luis Echeverría en relación con la matanza de estudiantes ocurrida en Tlatelolco en 1968.

En octubre, la Suprema Corte de Justicia finalizó una investigación especial sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis política registrada en Oaxaca en 2006. Llegó a la conclusión de que se debía hacer rendir cuentas al gobernador y a otras autoridades del estado. Al terminar el año, sin embargo, no se disponía de información sobre la apertura de nuevas investigaciones para cumplir la recomendación del tribunal. Juan Manuel Martínez seguía en prisión acusado del asesinato del periodista

estadounidense Brad Will, ocurrido en octubre de 2006 en Oaxaca, a pesar de que no existían pruebas en su contra y de que las autoridades federales no habían llevado a cabo una investigación completa y exhaustiva para identificar a los responsables.

En diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a México responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla perpetrada por el ejercito en 1974 en el estado de Guerrero. La Corte ordenó una nueva investigación de carácter civil, reparaciones para los familiares y una reforma del Código Penal Militar que impidiera al sistema de justicia militar llevar a cabo investigaciones y juicios relacionados con violaciones de derechos humanos.

Logotipo de la ONU.

Nueva York, Estados Unidos.

Los expertos que conforman el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuestionaron al Estado mexicano sobre la implementación del contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en la sesión realizada los días 8 y 9 de marzo.

La delegación del gobierno mexicano estuvo representada por funcionarios y funcionarias de 15 dependencias, en el marco del examen sobre el V informe presentado por las autoridades mexicanas respecto al avance del cumplimiento del referido pacto.

Las principales preocupaciones expresadas por el Comité incluyeron: militarización, fuero militar, arraigo, delitos del pasado y desaparición de la FEMOSSP, tortura, condiciones carcelarias, jerarquía de los tratados internacionales, violencia contra la mujeres, marco normativo que regula el aborto, periodistas y defensores de derechos humanos, derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) y situación de los derechos de los pueblos indígenas y la aplicación del artículo 33.

En conferencia de prensa, la información fue dada a conocer este miércoles diez de marzo por las organizaciones civiles con presencia en el Comité.

Los señalamientos hacia la delegación del gobierno mexicano fueron:

Tortura

El Comité expresó en reiteradas ocasiones, sin recibir una respuesta clara, su alarma por el uso de la tortura para obtener confesiones, el que el sistema penal dé valor probatorio a declaraciones obtenidas sin control judicial y que la tortura quede en la impunidad.

Feminicidios

El Comité fue insistente en preguntar cómo el estado mexicano dará cumplimiento a la sentencia de Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo que la respuesta sólo se concreto en decir que se están analizando los mecanismos de cumplimiento. Mientras tanto la FEVIMTRA reportó como avance 2 sentencias de 308 investigaciones realizadas.

Arraigo

El Comité recomendó al estado mexicano desaparecer la figura del arraigo. Consideró que esta es una forma de detención arbitraria y que viola las disposiciones del Pacto. Con las preguntas del Comité y las respuestas por parte del estado mexicano se evidenció la falta total de regulación de esta medida.

Militarización y fuero militar

El Comité deploró el saldo de violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.  Algunos de los expertos indicaron que se configura una suspensión de facto de los derechos humanos en algunas zonas del país.  Expresaron que el Estado no puede justificar de manera alguna proporcionar un trato diferencial a los elementos castrenses mediante la aplicación del fuero militar a casos de abusos.

Situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos

El Comité también expresó su profunda preocupación por la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y la criminalización de la protesta social.  En particular retomó el caso de las mujeres indígenas Alberta Alcántara y Teresa González deRaúl Hernández en Guerrero. Querétaro, expresando su rechazo al que fueran sentenciadas a 21 años de prisión tras un proceso “sin intérpretes, sin debido proceso, y la prueba es una foto”.  Se pidió al Estado que revise este caso.  Igualmente retomó y pidió una explicación por el caso del también preso de conciencia

Sobre este tema una de las expertas del Comité expresó que México tiene “un problema grave y que la palabra mágica programa no basta para solucionarlo”.

Armonización legislativa de la LGAMVLV

El Comité preguntó por la armonización legislativa de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los estados y mencionó como preocupación especial el caso de Guanajuato.

El Comité se consternó ante la información recibida acerca de la sobrepoblación en las cárceles mexicanas y en especial sobre la situación de las mujeres en las mismas.

FEMOSPP y Delitos del pasado

Por otra parte el Comité expresó un rechazo total del cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y la impunidad por los delitos graves de la guerra sucia.  Una experta observó con gran consternación que no se trata de delitos cometidos “hace 100 años” sino de crímenes de las décadas recientes y que se siguen dando casos de desapariciones hoy en día, por lo cual el Estado debe restablecer una fiscalía para los delitos del pasado.

Marco normativo que regula el aborto

Con respecto al cumplimiento de la obligación que tiene México para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en las 32 entidades del país, el Comité mostró su severa preocupación por la falta de aplicación de la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM-046), así como por las reformas constitucionales en 18 estados que, por proteger la vida desde la concepción, vulneran los derechos humanos de las mujeres. El Comité enfatizó la necesidad de que el Estado mexicano se comprometa a aplicar la NOM 046 en todos los estados, puesto que todos los estados tienen la causal de aborto por violación.

Es importante resaltar que el Estado Mexicano fue muy claro al señalar al Comité que se compromete a vigilar que ninguna reforma penal afecte en el futuro los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Violencia y discriminación contra las mujeres

El Comité de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la persistente discriminación y violencia contra las mujeres en el país por lo que le señaló al estado mexicano que aún falta mucho por hacer para combatir esta problemática, como impulsar acciones que deriven en un cambio a fondo de la mentalidad misógina.

También llamó la atención sobre la falta de una legislación de género en extenso, la falta de información en el informe sobre la participación de las mujeres en la vida política, asimismo sobre la existencia de tradiciones que perpetúan la situación de marginación y discriminación de las mujeres indígenas.

Derechos de las personas LGBT

El Comité también resaltó su preocupación por la discriminación por orientación sexual y de género en los ámbitos en las escuelas y lugares de trabajo y las medidas efectivas para proteger los derechos de personas de la diversidad sexual.

Insto al cumplimiento de las sentencias de la COIDH: caso Campo Algodonero y caso Rosendo Radilla.

El Comité expresó gran preocupación por el cumplimiento de la sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Rosendo Radilla. En diversas ocasiones, los miembros del Comité cuestionaron al Estado sobre la forma en que daría cumplimiento a esta sentencia. Se cuestionó de forma reiterada al gobierno sobre cuándo y cómo se llevaría a cabo la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar ordenada por la CoIDH, con el fin de impedir que la justicia militar conozca de casos de violaciones a los derechos humanos. A estos cuestionamientos, la delegación mexicana respondió de forma general que se cumplirían totalmente con las sentencias, sin especificar los mecanismos.

Libertad de expresión

El Comité señaló su preocupación por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en México. Particularmente, los miembros del Comité cuestionaron el hecho de que no se han despenalizado las figuras de difamación, calumnias e injurias en la totalidad de las entidades federativas. La mayor atención se centró en la violencia contra quienes ejercen el periodismo y la falta de protección personal.

En este sentido, el Comité reconoció la "grave distorsión" de la información sobre la gestión y atribuciones de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) dependiente de la Procuraduría General de la República. Finalmente, los miembros del Comité afirmaron que la sola aprobación por la Cámara de Diputados para incluir en el Código Penal Federal el delito contra la libertad de expresión de quienes ejercen la actividad periodística no otorga facultades a las autoridades federales para investigar y sancionar  estos crímenes.

Pueblos Indígenas

Los expertos que integran el Comité cuestionaron al estado mexicano sobre la falta del derecho a la consulta.

Los organismos civiles que plantearon al Comité diversos señalamientos para que los hiciera llegar a la delegación gubernamental mexicana son: Article 19, Asilegal, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 68 organizaciones)